23 de Enero de 2005
Dinero y Terrorismo
La economía, y no la política o la ideología, es el motor de la lucha armada. Loretta Napoleoni prueba esta afirmación por medio de un repaso de las últimas cinco décadas de terrorismo, en las que se advierte la creciente sofistificación e importancia de la economía de las organizaciones terroristas y los vínculos cada vez mayores que existen entre la economía legal y la ilegal.
de Loretta Napoleoni
El secretario de Estado estadounidense Colin Powell reconoció en su día que el salvavidas del terrorismo es el dinero. En los tres años transcurridos desde el 11 de septiembre, se ha visto claro que la economía, y no la política o la ideología, es el motor de la lucha armada. Ésta es la inesperada y desconcertante verdad que revela un análisis económico de cinco décadas de terrorismo.
Durante el período de descolonización después de la II Guerra Mundial, las organizaciones armadas eran económicamente dependientes de acaudalados patrocinadores, es decir, de las antiguas potencias coloniales. En 1949 en Indochina, Francia instruyó y financió los Maquis, una guerrilla armada cuyo objetivo consistía en obstaculizar la expansión soviética en las colonias francesas.1
El terrorismo patrocinado por el estado se convirtió en un elemento característico de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética financiaron grupos terroristas para librar guerras en su nombre en la periferia de sus propias esferas de influencia. El alto coste de este tipo de guerras, unido la impopularidad de la que gozaban en casa, obligó a las potencias occidentales a recurrir a una mezcla de vehículos legales e ilegales para canalizar el dinero hacia el exterior. En 1984, en medio de una oposición generalizada a la participación de Estados Unidos en el conflicto nicaragüense, la Administración Reagan consiguió hacerse con la aprobación del Congreso para proporcionar un paquete financiero de ayuda por valor de 24 millones de dólares, que se usó para armar a 2.000 contras. Aunque esta cifra se fue incrementando cada año desde entonces hasta que salió a la luz el escándalo Irán-Contra, era insuficiente para hacer frente a los altos costes derivados de financiar a la Contra. Para cubrir este déficit, distintas operaciones encubiertas se pusieron en marcha. Oliver North estableció un plan para defraudar a compañías de seguros y bancos estadounidenses, que generó cerca de 1.000 millones de dólares anuales para la Contra. En otro proyecto ilegal, armas estadounidenses adquiridas por la CIA fueron vendidas a Irán, por medio de hombres de negocios israelíes y saudís, quienes cobraron jugosas comisiones por actuar de intermediarios. Los pagos iraníes se distribuyeron luego a cuentas suizas numeradas controladas por los líderes de la Contra.2 Sin que pueda llamarse a sorpresa, los contribuyentes estadounidenses terminaron pagando el coste tanto de las operaciones legales como de las ilegales; y es que el peso económico total del terrorismo financiado por el estado siempre suele recaer sobre la economía nacional del patrocinador.
El terrorismo siempre ha resultado ser un negocio costoso. A mediados de los setenta, las Brigadas Rojas, el grupo terrorista italiano de naturaleza marxista, presentaba una facturación anual de entre 8 y 10 millones de dólares,3 lo que equivalía más o menos a la misma facturación de una compañía comercial de entre mediano y gran tamaño que estuviese operando en la zona industrializada del norte de Italia. Al contrario que Estados Unidos, que siempre se mostró pródigo con el dinero, la Unión Soviética nunca financió a los grupos marxistas de forma directa, ofreciéndoles en su lugar instrucción gratuita, armas y municiones. Grupos como las Brigadas Rojas o Baader Meinhof tuvieron que generar sus propios recursos. Esto requería astucia empresarial más que conocimientos militares.
La voluntad de lograr la independencia financiera de sus patrocinadores, junto a los crecientes costes de las actividades terroristas, hicieron que las organizaciones armadas buscaran fórmulas para lograr la autosuficiencia. En los setenta, Yasser Arafat organizó la transición de la OLP de una organización patrocinada por el estado a un grupo armado económicamente independiente al desarrollar el primer modelo de lo que luego se conocería como terrorismo privatizado. Durante la guerra civil en el Líbano, Arafat consiguió poner en pie el caparazón del estado palestino, un estado de facto sostenido mediante una infraestructura socioeconómica bien desarrollada sin el núcleo, el derecho a la autodeterminación. En los últimos 30 años, otros estados-caparazón han florecido en zonas de guerra y en lugares donde hay un alto grado de inestabilidad. Colombia y Perú, así como Chechenia, Afganistán y la actual Irak, se han erigido en campos de cultivo perfecto para este tipo de entidades. Los grupos terroristas logran el control militar del territorio y a continuación destruyen la infraestructura socioeconómica existente, o lo que queda de ella. Su objetivo final es reemplazar ésta con su la propia infraestructura económica del grupo armado, un sistema económico creado exclusivamente para alimentar la lucha armada. Los ataques de 2003 contra Naciones Unidas y la Cruz Roja en Irak forman parte de esta estrategia, como también el secuestro reciente de trabajadores de organizaciones humanitarias en Bagdad.
La clave para la supervivencia de los estados-caparazón descansa sobre la gestión de sus finanzas, y en su interdependencia con las economías tradicionales. El estado-caparazón palestino era gobernado como si fuera un legítimo estado de facto; por ejemplo se cobraba un impuesto de un 5% sobre las rentas del trabajo a aquellos palestinos que trabajaban en el extranjero. Los países árabes donde había trabajadores palestinos residiendo eran responsables de cobrar el impuesto. Dinero generado de forma legal e ilegal se invertía entonces en actividades legítimas por medio de los mercados financieros internacionales. En 1976, con posterioridad al legendario robo bancario del Banco Británico de Oriente Próximo, Arafat fletó un vuelo y se llevó la parte del botín que le correspondía a la OLP a Suiza, para invertirlo; los otros socios en el robo, los falangistas cristianos y la mafia corsa, utilizaron su parte para comprar armas.
Las estimaciones de la CIA muestran que en 1990 la riqueza total de la OLP se movía entre los 8.000 y los 14.000 millones de dólares. Si tomamos esta cifra como cálculo aproximado del PIB de la OLP, entonces por aquel tiempo éste era superior al PIB anual de varios países árabes, como era el caso de Yemen (6.500 millones de dólares), Bahrein (6.000 millones) y Jordania (10.600 millones).4 A medida que la riqueza palestina se acrecentaba, lo mismo sucedía con su interdependencia con la economía de su vecino y enemigo, Israel. En 1987, el ministro de economía israelí Adi Amorai puso en libertad a un correo de la OLP al que se había detenido en el puente Allenby, el punto de tránsito entre Jordania e Israel. El hombre llevaba una maleta con un millón de dólares en metálico. Amorai sabía que luego ese dinero se cambiaría en shekels y que se gastaría dentro de Israel, una inyección de dinero que era muy necesaria para una economía israelí aplastada por el peso de la inflación.5
En los noventa, la mayor desregulación de los mercados económicos y financieros internacionales dieron a luz a la globalización del terrorismo. A medida que caían las barreras económica y financieras, los grupos armados establecían más lazos económicos entre sí y se hacían transnacionales, esto es, adquirían la capacidad para recaudar dinero en otros países y para operar en más de un territorio. El imperio empresarial de Osama Bin Laden, cuyos beneficios financiaron los ataques terroristas contra intereses occidentales a lo largo y ancho de mundo musulmán con anterioridad al 11-S, resulta un ejemplo muy llamativo de este fenómeno. Su cartera era verdaderamente transnacional y estaba muy altamente diversificado.
La globalización del terrorismo incrementó extraordinariamente la interdependencia entre el dinero del terrorismo y las economías tradicionales. Mientras residía en Sudán, Bin Laden se hizo con el 70% de Gum Arabic Ltd., una compañía que ostentaba un monopolio de este producto6 (80% de la oferta anual). El mayor importador de goma arábiga es Estados Unidos, que tiene firmado un acuerdo especial de precios con el suministrador. En 1998, la decisión del gobierno del presidente Clinton de imponer sanciones a Sudán hubo de enfrentarse a la oposición de los grupos de presión que representaban a los importadores estadounidenses de goma arábiga. Finalmente consiguieron convencer al gobierno para que lo excluyera de la lista de productos sujetos a sanción. Su argumento era muy simple: las sanciones terminarían dañando a los importadores estadounidenses. ¿Por qué? Porque los sudaneses iban a vender el producto a los franceses, el segundo importador en importancia, quienes entonces se lo ofrecerían a los estadounidenses con un sobreprecio.7 Ese suceso ilustra cuán vinculados se hallan la economía del terror y la economía occidental.
Los altos mandos terroristas son muy conscientes del grado de dependencia que existe entre las economías tradicionales y la Nueva Economía del Terror, el sistema económico internacional dirigido especialmente por organizaciones armadas con el fin de autofinanciar la lucha armada. En los noventa, Bin Laden difundió una fatwa en la que instaba a sus seguidores a que se abstuvieran de atacar Arabia Saudí porque los ingresos de la industria del petróleo eran necesarios para consolidar la revolución islámica. Estos ingresos procedían de negocios legales propiedad de saudís que respaldaban a Al Qaeda. Ellos encontraron la manera de hacerse un hueco en la Nueva Economía del Terror mediante donaciones o participaciones en beneficios, lo cual no constituía una actividad ilegal. La fatwa se retiró en la primavera de 2003, cuando Al Qaeda realizó el primer gran atentado en Arabia Saudí.
Las corporaciones occidentales también son a menudo conscientes de que están haciendo negocios con grupos que tienen vínculos cercanos con la economía ilegal del terror. Una de las formas como se han financiado los grupos armados islamistas ha sido mediante el contrabando de productos electrónicos en Asia. De acuerdo con Daniel Pearl, el periodista del Wall Street secuestrado y asesinado por Jaish-I-Mohammed (El ejército de Mahoma) en Pakistán, Sony Corporation utilizó una red de contrabando en Asia como parte de su estrategia global en la región.8 Los consumidores también dependen del dinero del terror. En la región de la Triple Frontera en Latinoamérica, árabes vinculados a Hamás y Hezbolá dirigen un boyante negocio de lavado de dinero de los fondos de la droga mediante el contrabando de productos libres de impuestos de Centroamérica. Esta actividad le permite a la población colombiana acceder a una serie de productos extranjeros que si en caso contrario no podrían permitirse.
Sin lugar a dudas el efecto más pernicioso de la desregulación de los mercados ha sido la fusión de la Nueva Economía del Terror con la economía internacional ilegal y criminal. Este fenómeno tuvo lugar en los noventa gracias a la desregulación de los mercados financieros internacionales. A medida que se eliminaron las barreras económicas, los grupos armados fueron capaces de unirse los unos a los otros y también con el crimen organizado. Lavaron dinero sucio usando los mismos canales y compraron armas a los mismos proveedores. Hoy en día este nuevo mercado tiene un valor de aproximadamente 1.500 billones de dólares, lo cual lo hace superior al PIB del Reino Unido. Esta cifra podría desglosarse de la siguiente manera:
- 500.000 millones de dólares en concepto de evasión de capitales, dinero que se mueve ilegalmente de país en país sin que sea detectado ni declarado;9
- 500.000 millones de dólares en lo que viene a llamarse el Producto Criminal Bruto, dinero generado principalmente por las organizaciones criminales;10
- 500.000 millones de dólares en la Nueva Economía del Terror -dinero producido por organizaciones terroristas- de las cuales al menos un tercio está formado por negocios legales y el resto proviene de actividades criminales, especialmente el tráfico de drogas y el contrabando.11
La mayor parte de estos 1.500 billones de dólares revierte sobre las economías occidentales y se recicla en EEUU y Europa. Es un elemento crucial de los flujos de caja de estas economías.
Más impactante aún es el descubrimiento de la interdependencia entre la economía ilegal/del terror y la oferta monetaria estadounidense. La moneda de cambio de esta economía es el dólar estadounidense, concretamente los billetes de 100 dólares. Armas, drogas, tráfico ilegal de personas; todas las actividades se liquidan en dinero estadounidense. Por lo tanto la tasa de crecimiento de esta economía puede adivinarse por la inyección anual de nuevos dólares. Estudios recientes de la Reserva Federal de San Luis muestran que desde 1960 las reservas de dólares nuevos emitidos en EEUU y llevados al exterior para no volver han ido creciendo de forma continuada.12 En 2000 dos tercios de la masa monetaria M1 de Estados Unidos, equivalentes a 500.000 millones de dólares, salieron del sistema monetario estadounidense para luego quedarse en el extranjero.13 Esta cifra no incluye las reservas de dólares que los bancos centrales guardan en forma de reservas de divisas. Si estas estadísticas son correctas, entonces la tasa de crecimiento monetario de la economía ilegal/del terror es mayor que la de la propia economía estadounidense.
Dado que se considera al dólar como la divisa de reserva, las cantidades de dólares que se guardan en el exterior son una considerable fuente de ingresos para el Tesoro estadounidense, a través de los beneficios de monetización (seignorage). En otras palabras, el tesoro estadounidense puede emitir bonos del tesoro y tomar prestado contra las reservas totales de dólares en el mundo, no sólo contra las reservas que existen dentro de EEUU. Esto equivale a una considerable deducción impositiva.
Para concluir, la interdependencia entre las economías occidentales y las economías ilegales/del terror está tan profundamente enraizada que las medidas unilaterales que se tomen para cortar estos lazos pueden resultar contraproducentes. La Ley Patriot, por ejemplo, ha tenido un impacto sobre el dólar. La reciente caída del valor del dólar parece estar relacionado con la tendencia de los negocios legales e ilegales en Asia, que denominan sus transacciones en dólares. Cambiar a euros permite evitar las restricciones impuestas por la Ley Patriot y también que la economía ilegal/del terror continúe creciendo. Cualquier intento para frenar la economía ilegal/del terror tendrá que tener en cuenta esas interdependencias y ser el resultado de una estrategia concertada de forma multilateral.
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